En el marco de las investigaciones por el caso Senkata, el Ministerio Público informó que pedirá la máxima sentencia de 30 años de prisión por el delito de genocidio para la expresidenta Jeanine Añez Chávez, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el exministro de Defensa, Luis Fernando López y otros 15 acusados.
El Fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, Sergio Fajardo Flores, informó que la comisión de fiscales a cargo de la investigación ya fue notificada para con el auto de apertura de juicio que fue iniciará el 2 de septiembre.
“Una vez que se instale el juicio oral, la comisión de fiscales va a requerir la máxima pena, toda vez de que se acreditó la existencia del hecho a través de la prueba documental presentada junto a la acusación”, dijo Fajardo.
Agregó que, en este caso, se encuentran procesadas 18 exautoridades del Gobierno de Añez, a quienes se las acusó por los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, La Paz.
Según Fajardo, se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba colectados en el curso de la investigación como 25 dictámenes periciales, alrededor de 450 pruebas documentales, 11 informes técnicos de investigación, además de la recepción de 126 entrevistas, 40 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 informativas de efectivos policiales, 50 entrevistas informativas a víctimas y 8 entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros.
Según un reporte de la Fiscalía, en noviembre de 2019 se vivía un escenario de conflictividad persistente en todo el territorio boliviano, donde la población civil, en el ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, realizó manifestaciones y bloqueo de vías, mismas que se incrementaron a partir del 10 de noviembre de 2019.
La población exigía el respeto al voto ciudadano y protestaba por las ofensas vertidas a los símbolos patrios, además de manifestar el descontento generalizado por el ejercicio de las funciones de Presidente del Estado, Jeanine Añez, sin haber seguido el hilo de sucesión constitucional, derivando en el bloqueo a la Planta de YPFB de Senkata y otros.
Según los antecedentes señalados por la Fiscalía, el 19 de noviembre de 2019, efectivos policiales y militares, se desplazaron de manera conjunta a la Planta de YPFB – Senkata y sus inmediaciones, dando ejecución al Plan Ogo Abreviado No. 01/2019.
“Se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de los manifestantes civiles desarmados”, dice la Fiscalía.
