El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, aclaró que el Decreto Supremo 4906 ordena el congelamiento de cuentas y activos únicamente a terroristas internacionales, que están anotados en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este sentido, afirmó que el Gobierno boliviano no tiene ninguna competencia para definir quién ingresa o sale de estos registros.
“La Cancillería recibe la lista y ya como país nos enteramos qué organizaciones criminales y terroristas internacionales están la lista para dar la alerta a las entidades financieras del país para que se congelen fondos, de ninguna forma va a afectar a la población (…) el alcance es la persecución de terroristas que están en estas listas. Como país nosotros no indicamos quienes entran y quienes salen, eso se hace a través de la justicia internacional”, manifestó Apaza en Bolivia TV.
El viceministro dijo que no existe ninguna persona u organización boliviana que forme parte de los registros de las Naciones Unidas.
¿Para qué se aprobó el decreto? La autoridad respondió que se busca “cumplir con los compromisos asumidos con organismos internacionales”. Aseguró que Bolivia está actualmente sujeta a evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que imparte regulación para prevenir el lavado de dinero en el mundo.
El país ya tiene una normativa al respecto establecida en la Ley 262, que fue promulgada en el 2012, y el Decreto Supremo 1553, aprobado un año después.
Sin embargo, Apaza explicó que para “perfeccionar la normativa y estar acorde a todos los estándares internacionales” se decidió aprobar el Decreto 4906 que modifica y aumenta algunos artículos al Decreto 1553.
La aclaración del Gobierno surge luego de que comerciantes manifestaran su preocupación por el nuevo decreto, ya que temían que tuviera relación con el polémico proyecto de Ley 280 de Legitimación de Ganancias Ilícitas, al cual se oponen rotundamente.
Apaza señaló que el decreto no tiene ninguna relación con este proyecto de ley, cuyo tratamiento está actualmente paralizado en el Legislativo, hasta que se hallen los consensos necesarios.
“Los compañeros gremiales y del sector transporte no se tienen que sentir afectados por esto porque ninguno de los bolivianos estamos en estas listas y lo estamos haciendo para cumplir con estos compromisos internacionales”, añadió Apaza al momento de sostener que la norma no tiene nada que ver con el tema del contrabando.
