El presidente Arce promulgó el pasado miércoles el Decreto Supremo 4910 que establece nuevas restricciones en la venta de diésel y gasolina, con la finalidad de afectar a las actividades ilícitas del narcotráfico, la minería ilegal, entre otras.
Los ministerios de Gobierno, de Defensa y de Economía y Finanzas Públicas, a la cabeza de Hidrocarburos y Energías, hicieron el lanzamiento de la “Política de control y lucha contra el contrabando de combustibles”. El objetivo es endurecer los controles y evitar que la gasolina y el diésel importado lleguen al mercado negro.
“Esta política marca una ruta para implementar una serie de medidas de control y optimización, desde la producción e importación hasta la venta al consumidor final de combustibles, y así generar un ahorro al Estado en la subvención de carburantes de aproximadamente $us 1.000 millones al año”, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, durante una conferencia conjunta con los titulares de las otras tres carteras de Estado.
El endurecimiento de los controles es una necesidad, ya que el Gobierno reconoce que las acciones ejecutadas hasta ahora para evitar el contrabando y desvío de combustibles no alcanzaron los resultados esperados.
Para corregir esta debilidad, el presidente Luis Arce tomó la decisión de establecer severos mecanismos de control a la venta de combustibles en los surtidores de todo el territorio nacional mediante la promulgación del Decreto Supremo N° 4910, que fortalece la lucha contra el mercado negro de venta de combustibles que alimenta al narcotráfico, la minería ilegal y actividades ilícitas.
La normativa promulgada el miércoles 12 de abril intensifica los controles en las estaciones de servicio con límites de venta de gasolina y diésel fuera de tanque o en bidones. El objetivo es cuidar los combustibles que son subvencionados con los recursos del Estado.
Por ejemplo, en los surtidores de zonas fronterizas el decreto solo permite comprar hasta 50 litros mensuales de gasolina y/o diésel en bidones, tambores u otro tipo de envases aptos. Más de esta cantidad, se requiere una autorización de la Dirección General de Sustancias Controladas.
Si la persona natural o jurídica no quiere obtener la autorización, puede comprar otros 50 litros adicionales, pero al precio internacional del combustible.
El ministro Molina garantizó que estas medidas no afectarán de ninguna manera a los ciudadanos ni a ninguna actividad lícita, por el contrario, garantizará el abastecimiento, precio y calidad del servicio de venta de combustibles en el territorio nacional.
