El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, señaló este viernes que en noviembre del 2021 se determinó que el predio Santagro se encuentra ubicado en la Reserva Forestal de Guarayos, por lo tanto, fue declarada ‘tierra fiscal no disponible’.
Esto implica la prohibición de cualquier tipo de asentamiento humano, menos aún para realizar actividades agrícolas.
Con respecto a lo señalado por el representante legal de Santagro, Uber Zambrana, quien manifestó que la tierra estuvo en manos de esta empresa desde hace 25 años, el director del INRA dijo que la reserva forestal fue creada en 1969. En este sentido, los asentamientos de empresarios e interculturales que pugnan por este predio son ilegales.
Sin embargo, Núñez informó que los representantes de Santagro impugnaron la resolución del INRA y este caso fue derivado al Tribunal Agroambiental, para que defina finalmente si el predio es fiscal o es de propiedad privada.
El titular del INRA dijo que un juez agroambiental de San Ramón impuso medidas precautorias a este predio en agosto del 2022, mientras se define su propiedad, entre ellas, las prohibiciones de asentamientos, transferencias y uso y aprovechamiento forestal. Esto implica, a criterio de Núñez, que Santagro no debió realizar ninguna actividad agrícola o de desmonte hasta que haya una resolución final.
Cabe señalar que los propietarios de Santagro sembraron soya en el 2022 en las 1.800 hectáreas que tiene este predio. Desde hace algunas semanas que el cultivo está listo para cosecharse, pero no pueden ingresar debido a los asentamientos de un grupo de interculturales que mantienen tomado este predio desde el 25 de diciembre del 2022.
El pasado miércoles, cuando los trabajadores de Santagro ingresaron a cosechar la soya, con la urgencia y temor de que este cultivo pueda echarse a perder, se produjo un aparente enfrentamiento con los interculturales. Producto de ello, se tiene dos muertos y tres heridos.
El caso aún es confuso, ya que los interculturales afirman que los propietarios de Santagro enviaron “pandilleros armados” a desalojarlos, mientras que el representante legal de esta empresa negó que sus trabajadores hayan usado armas de fuego y que, al contrario, ellos fueron recibidos a balazos, cuando intentaban cosechar la soya valuada en $us 2 millones.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se pronunció ayer por este caso y dijo que tanto los empresarios de Santagro como los interculturales son “avasalladores”, ya que la tierra es fiscal. No obstante, reconoció que este caso debe dirimirse en el Tribunal Agroambiental.
