El juicio contra el exministro de Hidrocarburos del Gobierno de Jeannine Áñez, Víctor Hugo Zamora, y otros cinco exejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), acusados por la paralización del funcionamiento de la Planta de Amoniaco y Urea, se iniciará este martes 28 de marzo en Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías anunció, en su momento, que pedirá ocho años de cárcel para los implicados en los “graves daños económicos causados a este complejo industrial entre 2019 y 2020”.
Según un reporte de ABI, el dirigente sindical del sector hidrocarburífero, Ludwin Sánchez, informó que el juicio se iniciará a las 9 de la mañana.
Recordó que además del exministro Zamora, está acusado en este caso el expresidente de YPFB, Herland Soliz. Ambos fueron declarados en rebeldía y se presume que estarían fuera del país.
Los otros acusados están con medidas cautelares y deberán estar presentes en el juicio. Se trata del exvicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, el exgerente de Industrialización, además del exdirector y el excoordinador de la Planta de Amoniaco y Urea.
Daños
Esas personas están acusadas por la paralización del complejo industrial de Bulo Bulo, ubicado en Cochabamba, lo que generó pérdidas económicas para el Estado debido a la falta de producción y comercialización del fertilizante. También se los responsabiliza de daños a equipos de alto valor como turbinas y calderos.
La acusación particular presentada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías está sustentada en pruebas documentales, testificales, periciales y de inspección, entre otros elementos probatorios.
De acuerdo a Sánchez, en este caso se habría ocasionado un daño económico de más de $us 400 millones.
El dirigente explicó que la paralización provocó un daño de $us 243 millones y que a que a esa suma se debe agregar las pérdidas acumuladas hasta el día de la reactivación de la factoría que “impulsó” el gobierno de Luis Arce.
“En total, los daños ascienden a más de 400 millones de dólares”, insistió.
Fiscalía
La Fiscalía sustentará la acusación formal con 11 pruebas testificales, 73 documentales, requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas.
Además, ofreció una prueba pericial de auditoría forense a desarrollarse por el Instituto de Investigaciones Forenses para cuantificar el total de daño económico generado al Estado, entre otros elementos.
