La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) considera que el incremento de los avasallamientos, principalmente a predios agrícolas, se ha convertido en un problema grave para el Gobierno y los sectores económicos por su recurrencia y la violencia con que se realizan.
Por ello, ve necesario que las autoridades nacionales sancionen de manera “drástica” a las personas que realizan ocupaciones ilegales de tierras y que se tomen acciones orientadas a impedir nuevos avasallamientos.
La posición de la entidad empresarial surge luego de los enfrentamientos suscitados entre los trabajadores del predio agrícola Santagro, ubicado en el municipio cruceño de San Pedro, y los interculturales que tomaron violentamente estas tierras. Producto del altercado del pasado miércoles se registraron dos muertes y tres personas heridas.
“Deploramos los avasallamientos a la propiedad privada y la toma ilegal de tierras porque generan violencia e inseguridad y ponen en riesgo la producción y el trabajo. Pedimos que el Gobierno sea drástico para sancionarlos, pero sobre todo oportuno y eficiente para evitarlos”, se lee en el mensaje publicado por la CEPB la mañana de hoy en sus páginas virtuales.
El día de ayer, la Cámara Nacional Industria (CNI) y las Cámaras Departamentales de Industria también se pronunciaron sobre el mismo tema señalando que los avasallamientos “atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada y generan alta inseguridad jurídica para la inversión, tanto de personas naturales como de personas jurídicas”.
Asimismo, urgieron a las entidades del Estado para que “intervengan de forma inmediata en estos hechos, hagan respetar el Estado de derecho y la propiedad privada, preservando la seguridad jurídica, e impongan sanciones con el máximo rigor y en el estricto marco de la Ley, para evitar una escalada de violencia e inseguridad jurídica”.
El pasado 17 de diciembre, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo informó que a nivel nacional se registra un promedio mensual de 22 denuncias de avasallamientos de tierras. Por su parte los empresarios han señalado en varias oportunidades su preocupación por el tema, debido a sus consecuencias sobre la seguridad jurídica, la inversión y la producción.
El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, en su discurso de posesión el pasado 15 de marzo, señaló que “la inversión privada está desprotegida no solo por la ausencia de normas que la defiendan y la incentiven, sino por el aumento de los avasallamientos, los bloqueos y los conflictos sociales que la ponen en peligro”.
