Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que Bolivia logró un récord en la exportación de carne bovina -tanto en volumen como en valor- con 20.373 toneladas y $us 128,4 millones.
Según Alejandro Hurtado, vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), la producción nacional de carne alcanza las 900 mil toneladas y el consumo interno está alrededor de 790 mil toneladas, por lo que el país tiene la capacidad para exportar por lo menos unas 80.000 toneladas, es decir, cuatro veces más del récord alcanzado en el 2022.
“Creemos que se tienen que abrir mesas de trabajo en las que podamos analizar técnicamente este excedente”, dijo Hurtado quien considera que la política de cupos de exportación implementada por el Gobierno debe ser revisada.
Con respecto a los posibles mercados para enviar más carne, el vicepresidente de Fegasacruz señaló que hay varios países interesados, aunque sólo con incrementar las exportaciones a China sería un avance importante.
El gigante asiático es actualmente el principal destino de la carne de res boliviana con 17.000 toneladas, sin embargo, según Hurtado, China está interesada en comprar más 120 mil toneladas.
El hato ganadero en Bolivia está cerca a los 10,3 millones de cabezas, de los cuales más de 4,6 millones se encuentran en Santa Cruz.
Seguridad jurídica
El sector ganadero no es ajeno a los problemas de avasallamientos que se registran en el departamento. Hurtado señaló que la falta de seguridad jurídica impide a los productores realizar inversiones para que el país siga creciendo.
“Vemos con esperanza que el Estado está tomando acciones en este sentido, esperamos que pueda darse en el 100% de los afectados ya que de momento van cerca 15 desalojos de los 101 predios que tenemos tomados”, aseguró.
Sin embargo, la seguridad jurídica no es solamente el tema de avasallamientos, el representante de Fegasacruz indicó que el abigeato (robo de ganado) continúa generando perjuicios a los ganaderos. Pide que haya un cambio en la normativa penal para que las sanciones sean más duras contra los autores de este delito.
“El 92% de los productores son pequeños que no tienen los recursos para afrontar una asesoría legal, entonces necesitamos que el peso de la ley sea más drástico”, puntualizó Hurtado.
